28 red seguridad primer trimestre 2026 organismos El fuerte crecimiento sostenido de la cibercriminalidad es un reto de primera magnitud para quien ostenta algún tipo de responsabilidad en el ecosistema de la ciberseguridad, ya que supone el principal desafío al uso seguro del ciberespacio. Pero en el caso de organismos, como el Ministerio del Interior (MIR), que tienen como misión nuclear promover las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales y, en particular, la libertad y seguridad, la lucha contra este fenómeno se convierte en el eje vertebrador de su permanente esfuerzo por contribuir a un elevado nivel de ciberseguridad en España y la Unión Europea. El continuo desplazamiento de los medios de comisión delictiva desde un entorno clásico hacia las tecnologías de la información y las comunicaciones nos ha llevado a alcanzar un volumen de cibercriminalidad de 490.000 delitos conocidos a lo largo de 2025. Esto supone un crecimiento del 480 por ciento en los últimos 10 años y que uno de cada cinco delitos se cometa ya con apoyo de las TIC. El MIR lleva muchos años trabajando para dar una respuesta adecuada a esta amenaza a la seguridad de nuestras instituciones, empresas y ciudadanos. De hecho, el número de ciberdelitos esclarecidos y personas detenidas o investigadas ha crecido un 200 por ciento en la última década. Sin embargo, el incremento de la actividad delictiva es tal que el impacto de este esfuerzo no se traduce en una atenuación rápida de la tendencia alcista, por lo que se hace necesario perseguir una mejora continua de nuestra respuesta estratégica. Plan de Ciberseguridad En este sentido, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, con la colaboración de otros organismos de dentro y fuera del MIR, está finalizando el Plan Estratégico Integral de Ciberseguridad, Lucha contra la Cibercriminalidad y la Desinformación como instrumento nuclear de planificación del MIR en este ámbito, y que viene a dar continuidad al Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad de 2021. Este plan, sin abandonar su carácter estratégico, busca también una orientación práctica para la consecución de sus objetivos principales: mejorar la ciberseguridad del conjunto de la ciudadanía e instituciones; reducir la cibercriminalidad mediante un enfoque fuertemente preventivo, sin renunciar a su persecución eficaz; y mejorar el conocimiento de las campañas de desinformación, facilitando su evitación o mitigación de sus efectos desestabilizadores. A través de sus líneas y objetivos, se centra en la mejora de las capacidades de inteligencia e investigación; el refuerzo de la formación básica y especializada; la potenciación de una cultura sólida de ciberseguridad en ciudadanos y empresas; y una clara apuesta por la colaboración y la coordinación a todos los niveles. No obstante, esta apuesta estratégica contra el cibercrimen no se puede entender sin considerar el complejo escenario geopolítico que tanto impacto tiene sobre nuestras funciones, en forma de amenazas híbridas, modalidades delictivas como el crimen como servicio o ciberataques a entidades críticas y operadores de servicios esenciales. Un escenario que, sin duda, nos obliga a redoblar el esfuerzo colaborativo con todos los operadores del ecosistema de ciberseguridad y a trabajar juntos por nuestra seguridad, promocionando cada vez más la utilización y desarrollo de instrumentos tecnológicos nacionales y europeos que garanticen la sostenibilidad e independencia en nuestra lucha contra estas amenazas. Álvaro de Lossada JEFE DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE CIBERSEGURIDAD El desafío de la seguridad pública en el ciberespacio
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