34 red seguridad primer trimestre 2026 organismos No por haberlo repetido hasta la saciedad deja de ser menos cierto: el cibercrimen no conoce ni de fronteras, ni de países, ni de competencias jurisdiccionales. Es evidente que la colaboración y cooperación policial y judicial en materia de ciberdelincuencia en la Unión Europea ha avanzado más que significativamente en los últimos años. Pero, ¿es suficiente? Desgraciadamente, todavía queda camino por recorrer. Mientras que los Estados, sus operadores de seguridad y sus órganos judiciales seguimos en buena medida encorsetados en competencias policiales y marcos regulatorios nacionales, los cibercriminales se aprovechan de esta segmentación para seguir delinquiendo y ocultarse de la acción de la justicia. En cualquier caso, y sin que sirva como excusa, fuera del espacio de la Unión el escenario que se dibuja es mucho más desalentador, hasta el punto de existir auténticos paraísos para el ciberdelito. El abanico abarca desde Estados poco colaboradores hasta otros que toleran o alientan esta actividad delictiva siempre que se dirija al exterior o que directamente se puedan ver beneficiados por su retorno económico. Lo que es un hecho irrefutable es que la colaboración dentro de la Unión Europea constituye uno de los activos más potentes para luchar contra la ciberdelincuencia; ningún Estado miembro posee la capacidad suficiente para responder individualmente a esta amenaza. Estructuras consolidadas como Europol y su European Cybercrimen Centre desempeñan un papel especialmente relevante. En concreto, han permitido mejorar la inteligencia criminal compartida, impulsan la coordinación operativa y ofrecen sus capacidades técnicas especializadas en áreas como el ransomware, el fraude online, la explotación sexual infantil en la Red o ataques informáticos, por no mencionar su decisiva intervención para la creación de equipos conjuntos de investigación y el intercambio de información entre unidades policiales de distintos países. Recursos avanzados Europol también ayuda a reducir la brecha existente entre las desiguales capacidades de los países que la conforman. Algunas unidades policiales cuentan con avanzados recursos de análisis forense, trazabilidad de criptoactivos o inflitración digital, mientras que otras tienen unas limitaciones técnicas notorias. La colaboración entre agencias mitiga sustancialmente esas desigualdades que pudieran crear cuellos de botella en algunas investigaciones compartidas. Otro de los órganos decisivos en la cooperación internacional en esta materia es Eurojust. Sabemos que estos ilícitos, habitualmente, afectan a jurisdicciones distintas. Su intervención permite que investigaciones complejas puedan avanzar eficazmente en varios países al mismo tiempo, con el escudo judicial imprescindible y decisivo. Herramienta relevante, aunque más centrada en la ciberseguridad, es también la Directiva NIS y su evolución, la NIS2. Son instrumentos no penales, pero contribuyen a crear un entorno de seguridad, transparencia y aportación de información que indudablemente dificultan la actividad criminal y favorecen la construcción de un espacio digital más robusto y confiable. La respuesta a las amenazas en el ciberespacio solo será eficaz si se refuerza una acción verdaderamente conjunta y coordinada. Resulta imprescindible seguir avanzando sin dilaciones hacia una mayor armonización normativa, porque la convergencia legal no es una opción, sino una condición necesaria para intervenir con agilidad, eficacia y sin trabas procesales innecesarias. En paralelo, Europa debe explotar plenamente el potencial de Europol: sus capacidades técnicas y analíticas no son un complemento, sino un factor decisivo que, bien utilizado, puede inclinar la balanza a favor del éxito en muchas de las investigaciones que llevan a cabo nuestras fuerzas de seguridad. Comisario principal José García Serrano JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CIBERDELINCUENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL Europa frente a la ciberdelincuencia
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